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A pesar de que los miembros de mesa llegaron temprano para instalar los espacios para que los ciudadanos pudieran votar, debieron hacer largas colas para ingresar a los locales y postergar el inicio de instalación de sus mesas.
Ya a las 10:00 a.m. aún no se habían instalado mesas en varios puntos de Lima, y la ONPE reconoció que la distribución del material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana había sufrido un retraso significativo, principalmente en la zona sur de la capital.
La crisis afectó el ejercicio del voto de miles de ciudadanos en plenas elecciones 2026, uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente del Perú por el retorno de la bicameralidad y la inclusión de una cédula de sufragio inédita.
La ONPE reconoció públicamente el retraso en la instalación de mesas de votación en algunos puntos de Lima Metropolitana, principalmente en la zona sur, y atribuyó la falla a un incumplimiento de la empresa encargada del traslado, "Servicios Generales Galaga".
Los locales más afectados fueron 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos limeños de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. En total, el número de centros afectados equivalió al 0,72% de los 10.336 centros habilitados a nivel nacional.
Lo que agravó la situación fue el historial de la empresa contratada. Servicios Generales Galaga ya había sido sancionada con penalidades por incumplimientos en 2020 y 2023 en la distribución de material electoral. Pese a estos antecedentes, volvió a ser contratada por la ONPE para las elecciones generales 2026.
Servicios Generales Galaga se presenta en su portal web como una empresa que "prioriza la puntualidad". Fundada en 2010 por Juan Charles Alvarado Pfuyo, registra solo 13 trabajadores según la Sunat, y acumula más de S/ 36 millones en contratos con el Estado. Un día antes de las elecciones del Perú 2026, la compañía buscaba contratar 400 auxiliares para apenas dos días de trabajo.
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